No fueron los autos de lujo ni la mansión valuada en cientos de millones de pesos lo que más impactó a los investigadores.
El detalle más perturbador de este expediente fue un dibujo infantil. Entre contratos inflados y fríos documentos financieros, una hoja con crayones y la frase “Mi papá es el mejor constructor del mundo” reveló una de las acusaciones más graves y polémicas que ha sacudido a la política mexicana en los últimos años.
De acuerdo con fuentes oficiales federales, a las 11:36 de la noche del martes 14 de enero de 2026 se ejecutó un operativo en el lote 47 del fraccionamiento exclusivo Las Palmas, en Campeche.
Tres camionetas Suburban blindadas, con doce agentes federales altamente especializados y armados con fusiles de asalto, irrumpieron en una lujosa residencia presuntamente vinculada de forma directa con Alejandro “Alito” Moreno.
La operación fue dirigida por Omar García Harfuch, responsable de una investigación de inteligencia financiera que se extendió por tres meses.
La orden de cateo fue autorizada por un tribunal superior apenas seis horas después de presentada la solicitud, un plazo inusualmente breve que reflejó la gravedad de los indicios reunidos por las autoridades.
La residencia de dos niveles apareció rápidamente como símbolo de un enriquecimiento imposible de justificar.
Fachada de mármol travertino, un vestíbulo de triple altura con escalera helicoidal de piedra blanca, lámparas de cristal importado y obras de arte de alto valor.
Peritos inmobiliarios estimaron su precio en alrededor de 500 millones de pesos, aunque su valor real podría superar los 700 millones.
Lo relevante es que el inmueble no figuraba en ninguna declaración patrimonial pública. Según la investigación, estaba registrado a nombre de una empresa de servicios profesionales identificada como compañía fantasma dentro de una red de lavado de dinero a gran escala.
El núcleo del caso se encuentra en un esquema de corrupción descrito por los investigadores como extraordinariamente cínico.
En 2016, Alito presuntamente utilizó a su propio hijo, entonces de apenas siete u ocho años, como prestanombre para constituir la empresa constructora Constructora RMC S.A. de C.V.
La maniobra es ilegal, ya que la legislación mexicana exige la mayoría de edad para realizar actos jurídicos como la creación de una sociedad mercantil.
Entre 2016 y 2019, dicha empresa recibió cuatro contratos gubernamentales por un total de 22 mil millones de pesos, cerca de una tercera parte de todos los contratos adjudicados de manera directa en ese periodo.
Los análisis periciales demostraron que las obras fueron sistemáticamente sobrevaluadas, permitiendo desviar casi la totalidad de los recursos.
Alrededor de 20.7 mil millones de pesos, equivalentes al 94 por ciento del monto total, no correspondían al valor real de los trabajos ejecutados.
Algunos ejemplos incluidos en el expediente muestran la magnitud del fraude. Un parque ecológico con un costo real estimado en 450 millones de pesos fue facturado en 8 mil millones.
Un programa de instalación de topes viales, cuyo costo máximo rondaba los 150 millones, fue cobrado en 3 mil millones de pesos.
El cateo, que se prolongó durante cinco horas, permitió asegurar bienes de lujo totalmente incompatibles con el ingreso anual declarado de Alito, de aproximadamente 2.3 millones de pesos.
En una bóveda secreta oculta tras el despacho principal se hallaron once lingotes de oro de un kilogramo cada uno, cientos de monedas Centenario y un millón de dólares en efectivo.
También se decomisaron relojes de alta gama, bolsos de marcas exclusivas, obras de arte valuadas en decenas de millones y un estacionamiento subterráneo con 20 automóviles de lujo, entre ellos Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce.
Los documentos encontrados en la vivienda y en el garaje establecen, según la fiscalía, una cadena de evidencia sólida que demuestra que estos bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de contratos públicos fraudulentos.
El elemento más impactante para muchos agentes surgió al abrir un cajón con cerradura biométrica. Allí, junto a archivos financieros a nombre del menor, apareció el dibujo de Rafa.
La inocencia del trazo contrastaba brutalmente con la acusación de que el niño fue utilizado como escudo legal para encubrir una red de corrupción multimillonaria.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Tras una conferencia de prensa en la que se difundieron videos y pruebas del caso, el Partido Revolucionario Institucional anunció la suspensión temporal de Alito como presidente del partido. El Senado inició el proceso para retirarle el fuero constitucional.
En el ámbito penal, el político enfrenta cargos por peculado, enriquecimiento ilícito y utilización de menores en actividades ilícitas, con penas que podrían alcanzar entre 40 y 60 años de prisión.
Lo que comenzó como una pista financiera aparentemente menor terminó por destapar un entramado de corrupción valuado en 22 mil millones de pesos, sostenido por empresas fachada y un elemento que ha provocado indignación nacional.
La historia de un palacio oculto construido con dinero público y del alto precio que puede pagar el poder cuando traspasa todos los límites.